En diciembre pasado, en medio del ruido mediático por la
posible imposición de Venezuela como país miembro del Mercosur, de manera silenciosa
y sin mucha publicidad se firmó el protocolo de Montevideo, de “defensa de lademocracia en la región”.
El nuevo protocolo firmado por los presidentes del bloque
regional y los invitados Hugo Chávez (Venezuela) y Rafael Correa (Ecuador) da
la potestad a los países miembros del bloque a tomar medidas ante cualquier “atentado”
contra la democracia dentro del territorio de los mismos.
Las medidas incluyen el bloqueo del tránsito, la retención de
mercaderías, la suspensión de la provisión de energía, entre otras medidas. El
presidente Lugo, sin consultar a absolutamente nadie ratificó el protocolo con
su firma, a pesar de que minutos antes había asegurado que respeta lainstitucionalidad del país.
Para que el lector pueda entender pongamos una suposición
como ejemplo. En caso de que el Poder Ejecutivo del Paraguay entienda (o
declare ante sus pares del Mercosur) que un juicio político al presidente
Fernando Lugo constituye una amenaza para el orden democrático en Paraguay, el
protocolo permitirá que: Brasil pueda suspender la provisión de energía
eléctrica al Paraguay; Argentina podrá bloquear el tránsito en los ríos para
barcos paraguayos; Argentina y Brasil podrán cerrar sus fronteras con Paraguay;
Argentina, Brasil y Uruguay suspenderán vuelos con nuestro país además de que
fuerzas militares de los tres países podrán intervenir en suelo paraguayo; y
Hugo Chávez podría enviar miembros de su ejército para “mantener el orden”.
El Protocolo de Montevideo ha pasado a convertirse en el sueño
que hombres como Stroessner, Videla, Bordaberry y Pinochet hubiesen deseado
para la mantención de sus gobiernos, que “democráticamente” se mantuvieron en
el poder por varios años en países de Sudamérica causando terror y muerte a sus
opositores.
Hoy, cuando en el mundo la voz del pueblo se levanta contra
aquellos que por años han desoído el clamor popular en pos de intereses
particulares (el cuerno de la zona norte de África es un ejemplo) los gobiernos
del Mercosur han dado un paso para una nueva opresión a sus pueblos, que de
ahora en más pueden ser acusados de atentar contra la democracia por el simple
hecho de mostrar su desencanto ante el gobierno de turno.
Quienes firmaron el gobierno, grandes luchadores contra las
dictaduras militares que se impusieron en el continente sudamericano entre los
décadas de 1960 y 1980 (no olvidemos que los presidentes de Brasil y Uruguay
Dilma Rousseff y José Mujica,
respectivamente, formaron parte de la lucha armada contra las dictaduras de sus
países) demuestran que el poder puede hacer cambiar rápidamente la memoria de
quienes lo ostentan, dejando de manifiesto una vez más la vigencia de aquel viejo
postulado de John Locke: “el poder corrompe”.
El Protocolo de Montevideo deja de manifiesto como se ha
borrado de nuestras memorias una página tan oscura de la historia sudamericana
como fueron las dictaduras, dando pie a todo tipo de represión e intervención
internacional obedeciendo a los caprichos de los gobiernos amigos; y ese mis
queridos amigos es un error que no podemos permitirnos.
